El 28 de septiembre se celebra el día en defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, es un día para reflexionar y reivindicar sobre que miles de mujeres siguen muriendo o enfermando por realiza un aborto en muchos países del mundo y no solo en los más pobres, existen países con un nivel de desarrollo humano y sanitario avanzado que lo siguen prohibiéndolo y por tanto abocando a las mujeres a la clandestinidad con los riesgos que ello comporta.
Afortunadamente en nuestro país la ley del Salud Sexual y Reproductiva y del aborto de la ministra Bibiana Aido, en 2010 ha conseguido que el aborto cumpla en bastante medida con la vieja reivindicación feminista de aborto libre, seguro y gratuito. Aunque actualmente no es totalmente libre, lo es hasta las 14 semanas (“por deseo de la embarazada”), que representan más del 90% de las solicitudes de aborto. Después de estas semanas, se puede realizar en algunos supuestos sin límite de semanas. Es seguro, los índices de complicaciones por aborto en España son de los más bajos del mundo, por encima incluso de algunos países de nuestro entorno. Y es gratuito, ya que está financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Aunque el 80% se practiquen en centros que no forman parte del SNS, centros especializados que los viene realizando desde hace 30 años, estos están concertados en todas las Comunidades Autónomas (CCAA) y las mujeres son derivadas a ellos para que se les practiquen las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). De esta manera las mujeres no abonan nada y es el centro el que factura al SNS la prestación. Este mismo sistema se usa en otras prestaciones sanitarias, como el transporte sanitario, la diálisis y algunas pruebas complementarias. En muchas CCAA, hay hospitales que no son públicos, pero están concertados y atienden a las personas usuarias del SNS.
Pero a pesar de esto en un día como hoy también hay cosas que reivindicar sobre el aborto en España. Si bien lo contempla la ley, hay cosa que no se han llevado a cabo y que están por hacer, como regular la objeción de conciencia o formar a los y las profesionales del entorno sanitario en materia de IVE. Aunque nos parezca increíble, siendo una intervención muy frecuente de la obstetricia y ginecología (se realizan unos 100.000 al año) no existe formación alguna en las facultades y especialidades sanitarias sobre esta materia. Ésta y el estigma que sigue acompañando a esta prestación sanitaria, son las principales causas por la que en los centros públicos en casi toda España no se realizan abortos voluntarios.
La Ley originaria permitía a las mujeres de 16 y 17 años ser las que decidieran sobre el aborto y no sus tutores, aunque tenían la obligación de informales. Circunstancia que podía obviarse en casos muy reducidos en los que la menor podía sufrir consecuencias si lo hacía. Esto en la práctica ocurría solo en un 13% de casos especiales en los que las jóvenes se encontraban en situaciones de marginalidad, desamparo o violencia intrafamiliar. Un cambio posterior de la ley hace que actualmente algunas de estas mujeres recurran a abortos ilegales por la imposibilidad de recabar el consentimiento de sus progenitores.
El otro motivo de reivindicación, sería proteger a las mujeres y o los y las profesionales del ataque constante de los grupos antielección, contrarios al aborto. En los últimos años, se han recrudecido las manifestaciones en las puertas de los centros especializados y concertados, en las que se vierten grandes mentiras sobre el aborto, se increpa a las mujeres, se las rodea, se las retiene, en definitiva, se les dificulta el acceso a los centros, obstaculizando su derecho a elegir. Este sería un tema que las administraciones públicas deberían de abordar, legislando, como han hecho otros países, como Francia, para impedir que esto ocurra ya que las mujeres que en estos momentos se sientes más vulnerables, estas manifestaciones las conducen en una situación de angustia innecesaria (https://www.eldiario.es/sociedad/asesina-dejaban-antieleccion-mujeres-abortar_0_818918369.html).
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