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Hay legisladores que fijan obstinadamente su mirada en una evidencia que incomoda sus plácidas existencias.

aborto

Una realidad que menoscaba esos valores irreales en los que les gusta creer y hacer creer. Legislan obcecadamente contra esa realidad con la intención de que las leyes la contengan, la oculten, la hagan invisible. El aborto provocado es una de esas realidades que incomoda a la derecha, a la Jerarquía Católica, a los/as fundamentalistas que acompañan las decisiones de unos/as y otros/as. Les incomoda porque por más que traten de negarla, esa realidad es obstinada, tozuda, y acaba filtrándose por las grietas de una situación económica límite, una familia desestructurada, un desarraigo emocional, un desamparo… e, incluso, por la grieta creciente de la propia decisión personal e íntima de cada mujer.

Un 30% de mujeres abortan en el Estado español por la grieta de una economía de subsistencia, por la de un trabajo que no termina de llegar. En total sumaron 35.500 mujeres en 2011 (últimos datos disponibles) a las que el Gobierno no dio una salida para taponar su grieta, y a las que ahora tampoco quiere dejar acceder al aborto, consecuencia de su situación.

Tampoco quiso el Gobierno mirar al futuro de las 3.234 mujeres cuyos hijos e hijas estuvieron afectados por una patología fetal grave en 2011. Y como si se hubiera roto el circuito elemental de los vasos comunicantes, recorta las ayudas a la dependencia y a la asistencia social para pedir a renglón seguido que esas mujeres y sus hijos e hijas asuman una perspectiva vital que no desean, que no pueden sobrellevar, que no han elegido.

Más de un 60% de las mujeres, 66.107 en 2011, que abortan no abortan por causas económicas ni laborales, tampoco están afectadas por una patología propia o fetal, abortan por motivos íntimos y personales que no quieren exponer al escarnio público, ni a la arbitrariedad o a la empatía de un tercero. El Ejecutivo del Partido Popular está especialmente obcecado con esas mujeres, obsesionado con convertirlas en invisibles. Tal vez, porque abortan por voluntad propia, amparadas por la ley actual que permite a la mujer interrumpir su embarazo hasta la semana 14 por libre decisión. Obsesionados por controlar una decisión legítima, íntima, de mujeres que piensan por sí mismas. Tal vez, porque abortar supone pensar por ti misma y a algunos/as legisladores simplemente no les gusta que las mujeres piensen.

Casi un 90% de las menores de 16 y 17 años (el 87%, concretamente) informan a sus progenitores de su gestación no deseada. Es más, la mayoría vienen acompañadas por ellos a los centros para interrumpir la gestación. Sin embargo, unas 500 mujeres de esa edad interrumpen su embarazo cada año sin poder comunicárselo a sus progenitores. Son menores en desamparo, de familias desestructuradas, violadas, solas o con progenitores cuyas creencias religiosas o la falta total de comunicación, les impedirían decidir por sí mismas. Mujeres jóvenes a las que el proyecto de ley del Partido Popular les impedirá abortar, si es finalmente aprobado.

Si las amenazas se cumplen, la ley del Gobierno impedirá a las mujeres abortar por voluntad propia, por patología fetal grave, así como a las menores de 16 y 17 años que no pueden informar a su padre y/o madre. Estas personas suman más de 100.000 mujeres (105.341) de las 118.359 que abortaron en 2011. Mujeres que pasarán a ser invisibles legislativamente. ¿Qué harán con ellas? ¿Bajo qué supuesto ocultarán su legítimo derecho? ¿Su necesidad vital? ¿Su decisión libre y autónoma? ¿La decisión que sin cobertura legal llevarán a cabo, tal vez de forma clandestina, fuera en el extranjero? Probablemente no haya respuesta porque el/la legislador/a aún no ha asimilado que una mujer con ley o sin ella interrumpirá su embarazo si está decidida a hacerlo.

Eva Rodríguez Armario es vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) por Andalucía.