Desde 1998 la Secretaría de Igualdad del PSOE andaluz otorga en los días próximos al 8 de marzo los Premios Clara Campoamor que reconocen, uno por provincia y uno especial, a aquellas personalidades o colectivos que se hayan significado en la defensa de la igualdad de la mujer.
Este año el premios especial de Andalucía a los y las profesionales de la Clínica El Sur de Sevilla (Ginesur Sevilla) ,» ….por su compromiso por ofrecer una prestación de aborto provocado de calidad y por su militancia por los derechos y la libertad, que han terminado a convertir esta Clínica en una alidada del tejido feminista de esta comunidad y de las instituciones, dispuesta a dar pasos hacia delante en la autonomía de las mujeres…», según palabras de la Secretaría de Igualdad del PSOE de Andalucía. Recogió el premio el sa´bado 7 de marzo en Córdoba, su directora médica Eva Rodríguez Armario, que le entregó la secretaria de Igualdad del PSOE, Elena Ruiz.
Agradecimiento:
Hoy más que nunca cuesta ser mujer, cuesta ser mujer cuando se han perdido las ayudas familiares, las destinadas a la formación de tus hijos, las que ayudaban a cuidar a tus mayores, cuesta ser mujer en un mundo laboral precarizado, donde las diferencias salariales entre hombres y mujeres son cada vez más evidentes. Cuesta ser mujer y tomar la decisión de interrumpir tu embarazo, y cuesta, cuesta mucho ayudar y acompañar a esas mujeres que decidieron por distintos motivos realizar un aborto provocado. Nuestro colectivo, integrado mayoritariamente por mujeres, sostiene el peso del estigma, del prejuicio y por tal motivo ponemos en valor el premio que hoy recibimos y que queremos agradecer a la Secretaría de Igualdad del PSOE.
En el año 2010, una mujer valiente, Bibiana Aído, promovió una Ley de SSR e IVE que vino a consagrar el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. Las mujeres y los/as profesionales sentimos que la losa de la inseguridad jurídica que sufrimos se aliviaba con la promulgación de esta ley. Poco tiempo después las fuerzas políticas de la derecha más conservadora han intentado privar de nuevo a las mujeres de ese derecho y a los profesionales de esa seguridad. No lo ha conseguido gracias a la acción y a la movilización de mujeres y hombres valientes que demostraron no estar dispuestos/as a dar un paso atrás.
La amenaza, sin embargo, sigue ahí como una eterna espada de Damocles sobre nuestras cabezas, y por ello, siguen produciéndose denuncias, presiones, acoso contra los /as profesionales. La amenaza sigue ahí y esas mentes alejadas de la realidad, sujetas a un pequeño mundo acomodado, querrán impedir que las mujeres jóvenes inmersas en situaciones críticas, difíciles puedan decidir por sí mismas; teniendo que pedir permiso a unos padres maltratadores, a unos tutores ausentes, a una familia que no existe…es decir, se intentará volver atrás y que la anomalía que venía a subsanar esta ley vuelva a ser eso, una anomalía. Como ustedes saben la anterior legislación reconocía la mayoría sanitaria a partir de los 16 años, salvo en el caso del aborto, la actual ley corrige esa anomalía injustificada y entrega a las jóvenes su capacidad para decidir una IVE. Eso, la libertad, la capacidad de decidir, en nombre de una protección que no es real, es lo que quieren quitar a estas mujeres jóvenes. Quieren proteger a las que ya están protegidas y desproteger a las que no lo están. En Andalucía no son más de 90 mujeres, pero les puedo asegurar que existen.
Es esta una ley quenos equiparó legislativamente a los países de nuestro entorno, reconociendo por primera vez el derecho al aborto de las mujeres; un derecho que habrían de ejercer sin tutelas, sin obstáculos hasta la 14 semana de gestación. Asimismo, esta norma permite la Interrupción del embarazo por casusas médicas o fetales en las semanas posteriores, por lo que las mujeres pueden y deben ejercer su derecho en libertad y de acuerdo a sus circunstancias personales, médicas y vitales.
Pero además esta ley vino a reconocer una circunstancia que para los profesionales de la IVE es algo más que un reconocimiento, es un valor. La IVE fue equiparada al resto de prácticas sanitarias, por vez primera se dio un paso firme en la normalización del recurso, y este hecho simple, que a ustedes podría parecerles lógico, para nosotros/as fue un paso enorme, deseado, porque por fin venía a considerar el aborto provocado como una prestación sanitaria más.
La norma actual consagra la gratuidad de la prestación para la mujer, asegurándola como una prestación pública, regula la objeción de conciencia y reconoce una reivindicación básica de los profesionales de la IVE: la necesidad de implementar la formación en aborto provocado tanto en los currículums profesionales como en las carreras universitarias y estudios relacionados.
La actual legislación pone además el acento en la necesidad de prevenir los embarazos no deseados, obligando a los poderes públicos a mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos; y promoviendo una estrategia de educación sexual y reproductiva entre la población con especial énfasis sobre los colectivos más vulnerables: inmigrantes y jóvenes
Sin embargo, el cambio ideológico del Gobierno español y la crisis sobrevenida como excusa, han impedido tanto el desarrollo de las políticas formativas que propugnaba la ley como la implementación de estrategias en materia de salud sexual y reproductiva. No solo no se concretóningún plan de formación en aborto para sanitarios, sino quese retiró la anticoncepción hormonal de última generación de la financiación pública. En paralelo además, se han cerrado o vaciado de contenido muchos centros de planificación familiar.
En esta línea, la recién estrenada ley de educación: la LONCE viene a empobrecer aún más la ya poco desarrollada educación sexual en los centros educativos. Por otra parte, a día de hoy, tampoco se ha concretado plan alguno para regular la objeción de conciencia. Por todo ello, podemos afirmar que tenemos una magnifica ley sin desarrollo y unos dirigentes políticos que desoyen las estrategias necesarias para disminuir los embarazos no deseados y por extensión los abortos; aplicando por el contrario toda una batería de recortes que minan las ayudas de quienes sí quieren tener hijos ¿hasta qué punto es sostenible tanta hipocresía?
Andalucía fue la primera CCAA que apostó por practicar los abortos voluntarios en la sanidad pública , por ello y ante los difíciles retos que se planteaba con la ley del 85 y el rechazo a practicarlos de la clase sanitaria del momento, optó por concertar la prestación con los pocos centros que se atrevieron a desafiar las continuas denuncias, las manifestaciones en sus puertas, las agresiones verbales a los trabajadores y a las usuarias, el rechazo de las compañeras de profesión, de los vecinos, de las amigas y en algunos casos hasta de las propias familias.
Es en estos centros acreditados y concertados donde se han practicado durante 28 años casi el 100% de las IVEs en Andalucía. La Clínica El Sur de Sevilla fue de las primeras en ofrecer este servicio y seguimos ahí, haciendo nuestro trabajo con dedicación e ilusión cada día. Los centros concertados hemos creado equipos especializados tanto en las técnicas médicas de aborto provocado, cómo enel tan necesario acompañamiento a la mujer antes, durante y después del proceso.
Toda la experiencia adquirida durante estos años se concentra en varios equipos humanos que no superan la decena, y a los que apenas se ha incorporado nadie durante este tiempo. Como ustedes entenderán esa circunstancia nos preocupa. La media de edad de los equipos que realizan IVEs es de 50 años, superando los pioneros, la edad de 70 años. Es decir, no hay reemplazo generacional. No hay profesionales que conozcan las técnicas ni estén implicados en el desarrollo de un correcto acompañamiento a la mujer.
El estigma que acompaña al aborto, hacer IVEs no suma proyección profesional, resta, resta siempre; hace muy difícil la captación de profesionales que quieran dedicarse a la realización de esta práctica sanitaria, a hacer posible el ejercicio de este derecho.
Así pues, los gobiernos pueden apostar por ofrecer una prestación segura y de calidad para el aborto (no olvidemos que es un procedimiento muy frecuente, más de 100.000 abortos al año en este país) y a tal fin legislar las mejores normas, pero lamentablemente, esa legislación, esa actitud, cuando la hay, serán insuficientes. Mientras no se combata el estigma, los estereotipos y prejuicios que conlleva el aborto, mientras no se apueste por regular la objeción de conciencia, mientras no se imbrique la formación profesional en el mundo sanitario, el aborto y sus profesionales seguirán siendo cuestionados.
Cuando no se le da el valor profesional y económico al recurso, cuando no se apuesta decididamente por la normalización, se está apostando por el deterioro de esta prestación sanitaria.
Algunos estados de Estados Unidos en los que el aborto es legal, las mujeres han visto como desaparecía el recurso y el ejercicio de su derecho porque los centros se han visto abocados al cierre, dado que las exigencias administrativas, la presión de los grupos antielección y la falta de voluntad política han puesto tantos obstáculos que los/as profesionales han acabado rindiéndose.
Francia, un país pionero y líder de la prestación en Europa, ha visto como el aborto era valorado económicamente por debajo incluso de su coste, lo que llevó a los centros a no poder sufragar la prestación ni asegurar el servicio dentro de unos parámetros de calidad.
Para los/as profesionales que realizamos abortos provocados, resulta fundamental que la mujer tenga plena capacidad de decisión sobre su gestación; y llegado el caso también plena libertad para decidir el método más acorde con sus circunstancias sociales, personales y vitales; sin embargo esa libertad se está viendo mermada ya que cada vez hay menos centros que realicen abortos por aspiración, y cada vez menos profesionales que conozcan ambas técnicas (instrumental y farmacológica); algo que nosotros consideramos básico para ofrecer una prestación de calidad a la mujer y para poder resolver todas las complicaciones que pudieran surgir en una intervención.
En esta línea, que pasa por priorizar los elementos económicos frente a la calidad y la seguridad; se están tomando medidas, conscientes o no, que merman el derecho de la mujer. De hecho, en Andalucía, comunidad que siempre ha apostado por defender una prestación de calidad, no se está garantizando a las mujeres una intervención con sedación o con anestesia general, entendemos que por motivaciones presupuestarias. Las mismas motivaciones que impiden, en algunas provincias, que la mujer elija el centro al que desea acudir.
Quisiera terminar mi intervención, animando a todos y a todas las personas que me estáis escuchando, a compartir una lucha: la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Lucha por la normalización de la prestación sanitaria de aborto provocado.
Quiero animar al Gobierno andaluz a continuar, sin descuidarse, con su política de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todos y especialmente de los de las mujeres.
Y quiero animar a todas y todos los que luchamos por el derecho al aborto en este país desde la primera línea, es decir practicándolos, a seguir haciéndolo y a las nuevas generaciones de médicos y médicas a que se unan a nosotros, porque aunque algunos no lo crean, ayudar a las mujeres en esta situación es una labor muy reconfortante, una labor coherente con los derechos y libertades que todos/as debemos defender.
[divider scroll_text=»»]Eva Rodríguez Armario
Directora Médica Clínica El Sur Sevilla
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